Si bien a priori el Orden del Día no planteaba temas polémicos, el pedido de una cuestión de privilegios por parte del Presidente del Bloque del Frente para la Victoria, Ángel Akike, ante una intimación judicial del Intendente, a través de Daniel Roggero, generó no pocos chisporroteos en el recinto.
Akike invocó, en su pedido al cuerpo al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, y que establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión”.
El edil también invocó el Artículo 85 de la Ley Orgánica de las municipalidades que reza “los concejales no pueden ser interrogados o acusados judicialmente por las opiniones que emitan en el desempaño de su mandato”.
Akike reivindicó la discusión de ideas y precisó que a su entender “la política no puede medirse por fallos judiciales, ni los conflictos políticos resolverse con una sentencia. No me gustaría pensar que la judicialización es la falta de la política. El general Juan Domingo Perón decía que la política es una lucha de voluntades y judicializarla, entonces, me parece un retroceso.”
Finalmente akike señaló en el recinto que “vengo aquí a ratificar todas las declaraciones políticas efectuadas en su momento y que lógicamente habrá quienes no las compartan y de ser pertinente las fundamentaré oportunamente ante quien corresponda. Pido al cuerpo que me acompañe en esta apreciación de la libertad de opinión y expresión, porque las opiniones políticas, y en forma particular las de los representantes del pueblo en ejercicio de su mandato no es solamente un derecho establecido en el Artículo 68 de la Constitución Nacional y 96, 97 y 98 de la Constitución Provincial, es un derecho de la libertad de expresión, a la dignidad de las personas y al cuerpo, para que pueda debatir y llevar ese debate al seno de la libertad civil.”
Por el oficialismo contestó el concejal Hugo Cisco, que fuera electo por la fuerza que orienta Francisco De Narváez y hoy integra el bloque del oficialismo local.
Cisco señaló que la ponencia de Akike “dede dividirse en tres.
Primero saber si lo que dicen los diarios es lo que el dijo.
Segundo es lo que el dice e hizo antes, porque el antes aceptó un empréstito por veinte millones de pesos para un centro cultural y luego ante una situación de menor cuantía se arma un escándalo político y tercero, y tiene razón y en eso si lo apoyo, que los concejales tienen el derecho absoluto de decir lo que piensan en el ejercicio de su mandato y eso normalmente no se circunscribe a lo que se dice en las sesiones del Concejo Deliberante. Sin embargo, si lo que dicen los diarios es una acusación al Intendente, la imputación de un delito, que debe llevarse a la justicia para evitar cualquier tipo de acción errónea. Si los diarios tergiversaron sus dichos, tendrá que pedirles que rectifiquen. Bueno, el tendrá que decidir que hace y desde el punto de vista político voy a repetir lo que ya he dicho, no podemos ser santos y diablos, si en algún momento prestamos conformidad para que se endeudara el municipio para construir un centro cultural no podemos decir que una cantidad menor es un escándalo.”
Luego de estas ponencias se pasó a votar el pedido de Akike, que fue rechazado por la mayoría del bloque giustozzista y apoyado por los distintos bloques de la oposición.
Con esta medida, el Intendente Darío Giustozzi reflota un tema que ya había quedado en el olvido de los medios, como es el de destinar los fondos coparticipables que envía mensualmente el Gobierno Nacional para temas educativos para la construcción de un centro cultural del cual, al menos hasta ahora la opinión pública desconoce donde se construirá.
